El pasado 29 de septiembre, el Gobierno, a través de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, dio a conocer un nuevo paquete de medidas fiscales. Entre ellas, una de las propuestas que mayor controversia ha generado es la referente al denominado ‘Impuesto de Solidaridad', que pretende gravar a las grandes fortunas.
Como la titular de Hacienda anunció, se tratará de un tributo temporal que estará en vigor en 2023 y 2024, y será abonado por aquellos contribuyentes que cuenten con una riqueza superior a los tres millones de euros. Con esta medida, el Gobierno prevé recaudar un total de 1.500 millones de euros.
Aunque la medida solo afecta al 0,1% del total de contribuyentes, han sido muchos los interesados que, en los últimos días, se han puesto en contacto con diferentes bufetes especializados en grandes patrimonios en busca de soluciones.
¿Cómo les afectará el nuevo impuesto? ¿Perderán bonificaciones? ¿Sigue siendo España un destino atractivo para la inversión? Con el fin de dar respuesta a estas y otras muchas cuestiones, Cinco Días ha contactado con diversas firmas legales especializadas en el asesoramiento a grandes fortunas, entre las que se encuentra Kinship.
Así, como apunta el citado medio, tantear fórmulas para minimizar el impacto del impuesto es una de las peticiones que muchos despachos tienen sobre la mesa. Cuestionado por este asunto, Pedro Fernández, Managing Partner de Kinship, señala que “la donación es una estrategia posible para diversificar el patrimonio y no rebosar el corte de los tres millones“. Si bien, en su opinión, esta salida aún es percibida como una solución “radical” para un impuesto del que aún se conoce muy poco.
- Si lo desea, puede consultar el artículo completo publicado en Cinco Días.
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