Introducción
La presente alerta tiene el objetivo de presentar las noticias más relevantes acontecidas en el ámbito ambiental en Latinoamérica durante el periodo comprendido de marzo y abril de 2024.
A. Argentina
Corte ordena detener entrega de concesiones de litio en Salar del Hombre Muerto.
La Corte de Justicia Argentina determinó que el Estado no podrá entregar nuevas concesiones de litio en Salar del Hombre Muerto hasta que no se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral.
El caso ocurrió en el 2021, cuando las comunidades que habitaban el salar exigieron a la justicia nacional pronunciarse sobre el excesivo uso de agua dulce para extraer litio, sin haberlos consultado. El expediente fue remitido a la justicia provincial y hasta de marzo de 2023 la corte emitió su sentencia.
Veronica Gostissa, abogada de la asamblea local Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, explica que las extracciones pueden hacer que las aguas dulces o subterráneas o de acuíferos lleguen a la zona de las salmueras y se mezclen con la saladas, lo que se conoce como contaminación cruzada.
La comunidad argumenta también que no se les ha consultado respecto a la explotación de sus tierras.
B. Bolivia
Gobierno boliviano avanza en su plan de extracción en medio de críticas por falta de transparencia.
En febrero de 2024, el gobierno boliviano lanzó una nueva convocatoria internacional para atraer empresas interesadas en la industrialización y extracción del litio. La convocatoria cerró el 6 de marzo y 26 compañías quedaron habilitadas para pasar a la siguiente fase.
Diversos expertos, organizaciones ambientales y líderes comunitarios señalaron que no hay transparencia sobre los términos de la convocatoria y rechazan que, debido a la ley de minería del país, los proyectos de litio no requieran consulta previa.
También, señalan que en la actualidad ni los convenios ni los estudios técnicos o de impacto ambiental son de dominio público.
C. Chile
Proyecto minero en la extracción de cobre avanza con diversas personas demandadas.
En 2023 fue aprobado el proyecto Adaptación Operacional de Minera, mediante el cual se permitió a la empresa minera Los Pelambres, instalar dos nuevas tuberías: (i) una que llevaría 1,200 litros por segundo de agua industrial y (ii) otra, que transportaría concentrado de cobre proveniente de la extracción que la empresa hace en la cordillera de Los Andes, en la región de Coquimbo.
En total, son 27 los habitantes de Pupío los que están demandados en un juicio civil por no aceptar la servidumbre de paso para la minera. Actualmente el proceso judicial se encuentra pausado por el fallecimiento de uno de los habitantes de Pupío y volverá a retomarse en los próximos meses, cuando los herederos se encuentren en posesión del terreno.
Científicos descubren fugas de petróleo en el Estrecho de Magallanes en Chile.
En una de las áreas menos exploradas de América del Sur, especialmente en la región de Magallanes en el sur de Chile, existen fugas naturales de petróleo, de acuerdo con el estudio científico liderado por el doctor en Oceanografía, Ricardo Geisecke y publicado en la revista Science of the Total Environment.
Derivado de lo anterior, surgió la duda de si sería viable la realización de las exploraciones en el sector, a lo que Geisecke respondió que no, debido a que esas pequeñas emanaciones podrían utilizarse más bien con fines de observación y no de explotación.
D. Colombia
Grupo colombiano ignora recomendación del órgano indigenista brasileño y contrata bonos de carbono en la Amazonia de Brasil.
A pesar de la de las directrices de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), el grupo de empresas colombianas conocido como Community REDD+, firmó el noviembre de 2023, contratos para comercializar créditos de carbono generados en los bosques de al menos tres territorios indígenas de la región de Alto Solimoes en el Amazonas de Brasil.
La organización InfoAmazonia publicó un reportaje que mostraba el incumplimiento de las directrices de FUNAI y de la consulta libre, previa e informadas a los pueblos indígenas, de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Por su parte, Federico Ortiz, accionista de una de las mencionadas empresas colombianas afirmó que los proyectos eran liderados por los indígenas.
En 2022 y 2023 se celebraron 18 reuniones, que culminaron con la firma de tres acuerdos, los cuales prevén que el 70% de los beneficios será repartido entre los pueblos indígenas y el 30% entre los empresarios. El borrador del contrato no estipula un plazo máximo para el desarrollo del proyecto y que el dinero que le corresponda a los indígenas será destinado a la protección del territorio y la mejora de las aldeas.
Lucha contra el tráfico de animales en Colombia.
El tráfico de fauna en Colombia es uno de los grandes problemas que enfrentan las autoridades colombianas. Diversas especies, entre ellas los ocelotes, están siendo extraídos de su hábitat, para luego comercializarlos como mascotas.
Entre el 1 de enero de 2023 y el 24 de marzo de 2024, la Policía Nacional de Colombia incautó cerca de 40,000 animales víctimas de tráfico ilegal. Christian Hair Mesa, jefe de la Unidad Investigativa de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medioambiente de la Policía Nacional, señaló que el jaguar es el "premio mayor de todas las estructuras criminales y que sus partes más traficadas son las garras, colmillos, los cráneos y las pieles.
La preocupación por la situación resultó en la publicación de una Guía de Identificación de Partes de Félidos para Colombia, la cual fue elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur. Su objetivo principal es permitirles a las autoridades la caracterización de las especies de félidos a partir de sus partes corporales, lo cual constituye el primer paso en la lucha contra los crímenes de tráfico de animales.
E. Ecuador
Crisis energética: Coca Codo Sinclair, que provee 30% de la energía del país, se encuentra en peligro.
Coca Codo Sinclair es una de las principales centrales hidroeléctricas construidas en Ecuador. Un reporte de la ING Ecociencia sobre el impacto de la erosión regresiva del río Coca, indica que la obra de captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en riesgo de ser afectada por la propagación de la erosión regresiva en el río Coca.
La central fue una de las obras realizadas durante el régimen de Rafael Correa por un costo tres millones de dólares, siendo la más grande del país y construida por la empresa china Synohydro. Sin embargo, actualmente cuenta con más de 70 mil fisuras registradas.
En febrero de 2020, colapsó y desapareció la cascada San Rafael en el río Coca, las más grande de Ecuador. La eliminación de esta barrera natural en el río desató un proceso de erosión regresiva de una magnitud tan excepcional que se formó un nuevo cañón y se ha cambiado completamente el curso del río y sus afluentes, eliminando estructura e infraestructura alrededor, y socavando el tramo del río aguas abajo con una inmensa cantidad de sedimento.
Comunidades wampís acorraladas en Perú: cuadrillas de mineros ilegales operan sobre 30 sectores del río Santiago en Amazonas.
La invasión de los mineros ilegales en la cuenca del Santiago, Perú, se he agravó desde octubre de 2023. El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, que agrupa 22 comunidades de la etnia de la Amazonia peruana se ha visto obligado a la toma de acciones urgentes a fin de combatir la minería ilegal en las Amazonas.
Por lo anterior, se tomaron acuerdos en dos cumbres organizadas por dicho gobierno, que concluyeron en la conformación de una guardia indígena (Ejército Verde) que controle el ingreso y la instalación de los mineros ilegales en las comunidades asentadas en la cuenca de Santiago.
El presidente de la Nación Wampís, Teófilo Kukush, aseguró que han puesto en conocimiento del Estado peruano la gravedad de la situación, pero que ninguna de las instituciones a cargo de la seguridad y conservación medioambiental han tomado acciones para atender la situación.
Se precisó que la minería ilegal es tan solo uno de los problemas en la zona, pues la pérdida de más de 5,200 hectáreas de bosques en Amazonas ha sido ocasionado también por la actividad agropecuaria y el narcotráfico. Lo anterior, sólo pone de manifiesto que existe un incumplimiento del estado en sus roles de garantizar la seguridad de los habitantes de las comunidades y la protección del medio ambiente.
F. México
Modificaciones a la Ley de Amparo y lo que supone para el derecho ambiental.
Gabriel Quadri de la Torre, ecologista e investigador mexicano advierte que las pretendidas modificaciones a la Ley de Amparo haría inoperante gran parte de la práctica del derecho ambiental, pues si las suspensiones de actos de autoridad otorgados por los jueces carecen de alcance general, el juicio de amparo pierde toda relevancia.
Retos enfrentados por pescadores.
La pesca ilegal, la sobreexplotación pesquera, la degradación ambiental y el cambio climático tienen bajo presión a los pescadores ribereños mexicanos que se enfrentan a una crisis por la disminución de las especies comerciales de las que dependen económicamente.
En noviembre de 2022, se presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la cual se encuentra en pausa. La propuesta incluye esquemas de manejo integral de pesquerías con criterios socioambientales para garantizar la recuperación de las especies deterioradas y asegurar la participación efectiva de pescadores en la toma de decisiones. Expertos aseguran que la omisión legislativa deja en desamparo a los pescadores.
La organización Oceana ha señalado que resulta
necesaria una reforma a la Ley de Pesca en México debido a
que la ley actual no contempla la recuperación de las
especies pesqueras que tutela.
Afirman que una mejora efectiva a la reforma a la Ley de Pesca
implicaría que todas las operaciones pesqueras estén
obligadas a tener un plan de gestión para regular la
actividad, y que aquellas pesquerías en situación
precaria sean sometidas a un proceso de restauración.
Personas defensoras del ambiente: víctimas de desaparición forzada y homicidio.
Las agresiones en contra de las personas defensoras del ambiente y del territorio no ceden en México. Durante el gobierno de Lopez Obrador, al menos 102 ambientalistas y defensores del territorio han sufrido agresiones letales y al menos 20 personas defensoras fueron asesinadas.
Los números se deprenden del más reciente informe elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). El documento destaca que, en el 2023, seis de cada diez personas defensoras del medio ambiente y territorio que sufrieron una agresión son indígenas.
Precedente ambiental en México: juzgado federal revoca permiso para mega granja porcícola en Homún.
Un juzgado federal emitió una sentencia en contra del permiso ambiental Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), instalada en la comunidad indígena maya de Homún, en Yucatán luego de una evaluación de dictámenes periciales realizados por expertos científicos y abogados. Los dictámenes exhibieron múltiples violaciones ambientales y de derechos humanos.
La sentencia ordena la protección del Anillo de Cenotes- un humedal protegido a nivel internacional- ante cualquier manifestación de impacto ambiental que pueda someterse a consideración de la Secretaría de Desarrollo Sostenible de Yucatán.
Incendios en Valle de Bravo.
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) reportó que el pasado 6 de mayo, 131 incendios activos en México, entre ellos uno en Valle de Bravo. Los fuegos han calcinado unas 63,000 hectáreas, y 19 de ellos se registran en áreas naturales protegidas.
La CONAFOR señaló que 2023 fue uno de los años más críticos en incendios forestales con más de un millón de hectáreas quemadas. Asimismo, precisó que la mayoría de los incendios registrados en el país en los últimos años se iniciaron por actividades agrícolas, seguidos de descuidos de personas que no apagan bien cigarrillos o fogatas.
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